A través de esta recopilación, la European Prison Litigation Network, sus miembros y asociados de toda Europa tienen como objetivo informar a los abogados nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil de las novedades jurídicas más importantes en materia penitenciaria.
La recopilación abarca 14 estados miembros de la Unión Europea, así como Ucrania, Moldavia, Reino Unido y Rusia.
CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR
En Alemania, la administración penitenciaria restringió la comunicación telefónica de los reclusos con un sindicato de presos porque el número de teléfono aparentemente pertenecía a un periodista y alegó que los reclusos afectados podían ponerse en contacto con la organización por correo electrónico.
En Lituania, la administración penitenciaria puso en marcha un proyecto piloto en la prisión de Vilna, por el que los reclusos bajo supervisión reforzada sólo reciben versiones escaneadas de las cartas que se les dirigen para limitar el acceso de estos reclusos a drogas y sustancias psicotrópicas.
En Portugal, el gobierno convocó un procedimiento de licitación pública para la instalación de teléfonos fijos en las celdas de las prisiones, que permitirá a los reclusos llamar a números preautorizados durante un tiempo fijado por la administración penitenciaria, asumiendo ellos mismos los gastos. Esta medida, que pretende facilitar el contacto de los reclusos con el mundo exterior, no será de aplicación a los recluidos en la prisión de seguridad especial del país.
CONDICIONES DE DETENCIÓN
En Bulgaria, las recientes sentencias de los tribunales administrativos presentan enfoques divergentes en relación a la problemática de las celdas infestadas de parásitos y a los reclusos con picaduras de chinches
El gobierno húngaro presentó un nuevo informe de actuación ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en el que afirma haber remediado a los problemas estructurales de las condiciones de reclusión inadecuadas señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y pide que se cierren los casos más importantes en este ámbito.
DISCIPLINA
En Bulgaria, las recientes sentencias de los tribunales administrativos consolidan la jurisprudencia por la que se priva a los presos de la revisión judicial de las decisiones que imponen sanciones disciplinarias distintas de la reclusión en régimen de aislamiento.
SANIDAD
En República Checa, una resolución del Tribunal Constitucional confirma que los reclusos no fumadores deben ser yinternados en celdas separadas de los reclusos fumadores para proteger su salud.
En Polonia, el Comisionado para los Derechos Humanos planteó la cuestión de que las enfermeras decidan si los reclusos están en condiciones de ser transportados, lo que viola reglamentos penitenciarios internos en los que se estipula que dicha cuestión es responsabilidad de un médico.
También en Polonia, el Ministerio de Sanidad y la Administración Central Penitenciaria han firmado un acuerdo para la implementación en prisión de un tratamiento contra la hepatitis C crónica en prisión.
En España, la Sociedad española de Psiquiatría Legal y la Sociedad española de Sanidad Penitenciaria publicaron un libro blanco sobre “La atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España” con la intención de proporcionar a los responsables políticos, a la comunidad científica y al público en general información sobre los logros y los retos relativos al tratamiento de los reclusos con trastornos mentales. El informe es especialmente crítico con los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios del país y con su funcionamiento.
LGBTQIA+
En Alemania, el gobierno del estado de Berlín facilitó cifras sobre reclusos transgénero, intersexuales y no-binarios. Según los datos, alrededor del 0,1% de los 4.200 presos recluidos en el estado están internados en cárceles que no se corresponden con su sexo biológico asignado al nacer.
PRISIÓN PERMANENTE
En Polonia, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos interpuso un amicus curiae en el caso de una mujer condenada a prisión permanente con posibilidad de acceder a la libertad condicional al cabo de 50 años. El dictamen hace hincapié en que tal sentencia priva efectivamente a la reclusa de una oportunidad real de salir en libertad.
INDDHH/MNP
En Bélgica, el Consejo Central de Vigilancia Penitenciaria publicó su informe anual para 2022. El informe se centra en el hacinamiento en las cárceles, un problema persistente en Bélgica desde hace años, y critica las medidas introducidas recientemente que corren el riesgo de agravar aún más el fenómeno (aumento de las tasas de encarcelamiento, ampliación de la capacidad carcelaria).
En Alemania, el Defensor del Pueblo de Renania del Norte-Westfalia (Strafvollzugsbeauftragter), tras observar un descenso en el número de quejas recibidas por parte de los presos, está investigando la posibilidad de que el personal penitenciario esté presionando a los reclusos que desean presentar una queja.
En Polonia, el Mecanismo Nacional de Prevención publicó su informe anual para 2022. Además de señalar problemas persistentes (desde casos de tortura y malos tratos hasta el uso desproporcionado de medidas coercitivas), el informe critica los recientes cambios que limitan el acceso de los reclusos a las llamadas telefónicas y aumentan la imposición de medidas de seguridad en las prisiones sin la debida justificación.
HACINAMIENTO
En Bélgica, una reforma por la que ya no se permite recalcular ab initio las penas de prisión de entre seis meses y dos años es probable que agrave el ya elevado hacinamiento en las prisiones.
En Francia, el Mecanismo Nacional de Prevención emitió un dictamen sobre el hacinamiento en las prisiones, que persiste en el país desde hace años, e instó a las autoridades adoptar un mecanismo vinculante para regular la población reclusa. El Tribunal de Cuentas publicó un informe sobre la misma cuestión, en el que analizaba críticamente las causas del hacinamiento en las cárceles y las medidas adoptadas hasta la fecha para atajarlo.
PRISIONES EN TIEMPOS DE GUERRA
En Francia, el Tribunal de Casación rechazó una solicitud de extradición emitida por el gobierno ucranio, debido a los cambios introducidos por la ley marcial en el marco jurídico de la prisión preventiva, que permite detener a los acusados sin que medie la decisión de un juez, así como suspender una investigación y prorrogar la detención por decisión del fiscal si las circunstancias de la guerra lo exigen.
En Rusia, se han aprobado enmiendas al Decreto sobre el Registro Militar para legalizar el reclutamiento de presos en el ejército.
También en Rusia, se ha filtrado un proyecto de reglamento sobre la organización de los batallones formados por reclusos en la guerra contra Ucrania proporcionando detalles sobre la historia y el funcionamiento de estos batallones.
VIDA PRIVADA Y FAMILIAR
En Reino Unido, una reciente sentencia del Tribunal Superior expone claramente los criterios que deben cumplir los reclusos que soliciten la fecundación in vitro y ayuda a identificar el tipo de cuestiones que los solicitantes deberán abordar y superar.
RÉGIMEN PENITENCIARIO
En Hungría, una nueva ley introdujo un sistema de créditos de recompensa-castigo que determinará el régimen de detención de los reclusos.
En Lituania, se está estudiando una amplia reforma de la legislación penitenciaria que permitiría el traslado de un preso recluido en un centro de régimen abierto a otro de régimen semiabierto si no regresa a su lugar de detención en el plazo establecido sin motivo justificado. La reforma también impediría que los presos que cumplen condenas por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra pudieran optar a la libertad condicional y cambiaría la forma en que los presos reciben el salario de sus empleadores.
También en Lituania, el Ministerio de Justicia modificó su proyecto de abrir un servicio de libertad condicional y un centro de reinserción social en el distrito de Kaunas tras las protestas de la población local.
AJUSTES DE CONDENA
En Bélgica, se inauguró un segundo centro de transición. Estas instalaciones de pequeño tamaño (para unos 15 reclusos) están destinadas a reclusos que cumplen condenas largas y se acercan al final de su condena, con vistas a facilitar su reinserción en la comunidad. Han tenido que hacer frente a críticas relativas a su estatuto jurídico, lo que ha repercutido en los derechos de las personas internadas en ellos, así como al hecho de que los gestione una empresa privada.
En Reino Unido, el Secretario de Estado de Justicia adoptó unas nuevas directrices sobre el traslado de reclusos que cumplen condenas indeterminadas a centros de régimen abierto. Las nuevas directrices suprimen el vago criterio de que dicho traslado no “menoscabe la confianza pública en el sistema de justicia penal”, pero mantienen una amplia discrecionalidad para que el Secretario de Estado deniegue el traslado.
CATEGORÍAS ESPECIALES DE PRESOS
En Bélgica, el Tribunal Constitucional anuló, con efecto retroactivo, una disposición legal que excluía a los extranjeros encarcelados sin permiso de residencia de la posibilidad de acceder la libertad anticipada en caso de hacinamiento.
En Polonia, el Comisionado para los Derechos Humanos, solicitó a la administración penitenciaria que organice cursos de formación para funcionarios de prisiones sobre el trato adecuado que ha de dispensarse a los reclusos pertenecientes a minorías étnicas. Esta medida se tomó a raíz de unos informes según los cuales los reclusos romaníes estaban expuestos a actitudes inadecuadas por motivos étnicos, tanto por parte del personal penitenciario como de otros reclusos.
TORTURA Y MALOS TRATOS
En Polonia, el Comisionado para los Derechos Humanos ha puesto el foco de atención sobre una práctica irregular de los directores de prisiones, que se niegan a tramitar las solicitudes presentadas por los reclusos para acceder a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia alegando que dichas solicitudes sólo pueden ser presentadas por instituciones autorizadas (policía, fiscalía, tribunales).
TRABAJO
En España, el Tribunal Supremo dictaminó que, en caso de rescisión del contrato de trabajo de un recluso sin invocación de causa adecuada, el recluso tiene derecho a una compensación económica, además del derecho a la readmisión. La compensación económica debe ser equivalente al importe de los salarios que ha dejado de percibir como consecuencia de la rescisión del contrato.
¡Un agradecimiento especial a nuestros miembros y asociados por redactar conjuntamente esta recopilación!
Esta recopilación está financiada por la Unión Europea y el Fondo Robert Carr. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones aquí expresadas son únicamente las de los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea o el Fondo Robert Carr. Ni la Unión Europea, ni el Fondo Robert Carr pueden considerarse responsable de las mismas.
