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SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2024

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En Polonia, el Comisario de Derechos Humanos envió al Ministerio de Justicia sus propuestas sobre qué ámbitos son prioritarios en la reforma en curso de la asistencia sanitaria en las prisiones. Entre otras cosas, planteó el problema de la participación de enfermeros y paramédicos en tareas relacionadas con la seguridad (como la supervisión de visitas, la realización de cacheos o el registro de celdas), que puede socavar el establecimiento de una relación de confianza con los reclusos.

En Portugal, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Justicia han establecido un grupo de trabajo sobre la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios. Entre otras cosas, está encargado de garantizar la coordinación entre los distintos servicios implicados en la transferencia de la asistencia sanitaria penitenciaria al Ministerio de Sanidad, que ya está prevista.

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En Bulgaria, dos tribunales administrativos, actuando como tribunales de casación, declararon que la infestación de los centros penitenciarios por chinches constituye un trato inhumano y degradante. Esto sienta un precedente importante en el contexto de los planteamientos contradictorios emitidos hasta ahora por los tribunales administrativos sobre esta cuestión.

En Francia, el Tribunal Supremo Administrativo, actuando como juez de medidas cautelares, rechazó una solicitud de suspensión de nuevos ingresos en un centro penitenciario en el que se habían producido graves violaciones de derechos fundamentales debido a las condiciones de detención y a un historial documentado de malos tratos por parte del personal penitenciario. El tribunal argumentó que la suspensión de nuevos ingresos en un centro penitenciario concreto era una decisión de orden público que no entraba dentro de sus competencias.

En Hungría, aun a pesar de que hay hacinamiento en las prisiones del país, recientemente se han cerrado dos centros penitenciarios que necesitaban ser renovados debido a la preocupación por el elevado coste de adecuarlos a las normas de seguridad, sostenibilidad y nuevas tecnologías.

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En Polonia, el Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto en centros penitenciarios de régimen cerrado para permitir a los presos utilizar teléfonos con terminales de autoservicio en sus celdas.

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En Hungría, un tribunal limitó las condiciones en las que se puede denegar al abogado de un recluso el acceso a los expedientes disciplinarios.  

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En España, los reclusos excarcelados ya no recibirán un subsidio especial de excarcelación. En su lugar, tendrán que solicitar el ingreso mínimo vital, lo que, según algunas organizaciones de la sociedad civil podría alargar los períodos de espera para que los presos lo reciban y repercutir negativamente en la situación económica de sus familias.

También en España, un tribunal dictaminó que un recluso tiene derecho a prestaciones por desempleo por el trabajo realizado durante su estancia en tercer grado.

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European Prison Litigation Network
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